Declaración de la RAUdA enviada a los legisladores y legisladoras ante la Ley Ómnibus:
"La Red Argentina de Universidades de Artes (RAUDdA) está compuesta por 24 universidades distribuidas en todo el territorio nacional. Impartimos formación artística y cultural a más de 120 mil alumnos. Con carreras de grado, pregrado y pos grado, educamos en áreas como teatro, música, artes plásticas, artes audiovisuales, danza, escritura, edición, gestión, preservación del patrimonio, entre otras. De allí nuestra preocupación ante la propuesta del Poder Ejecutivo Nacional de impulsar la denominada "Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos", en la que pide al Congreso declarar la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025, y en particular, los artículos relacionados con la cultura."
"La Red Argentina de Universidades de Artes (RAUDdA) está compuesta por 24 universidades distribuidas en todo el territorio nacional. Impartimos formación artística y cultural a más de 120 mil alumnos. Con carreras de grado, pregrado y pos grado, educamos en áreas como teatro, música, artes plásticas, artes audiovisuales, danza, escritura, edición, gestión, preservación del patrimonio, entre otras. De allí nuestra preocupación ante la propuesta del Poder Ejecutivo Nacional de impulsar la denominada "Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos", en la que pide al Congreso declarar la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025, y en particular, los artículos relacionados con la cultura."
Está en juego el futuro laboral de nuestros alumnos y —más importante aún— el destino cultural de nuestra nación, que es decir su propio destino.
Además de las críticas que tenemos hacia varios artículos generales de esta ley, queremos manifestar que estamos contra la totalidad del articulado referido a los temas culturales. Trataremos de sintetizar las razones que promueven este rechazo en los siguientes puntos.
El proyecto de ley significa un intento de destruir la institucionalidad cultural que fue, durante décadas, organizando la relación entre los y las productores culturales y las instituciones públicas. Este modelo de vinculación fue construido, a partir de experiencias locales e internacionales, del estudio sobre los caminos más convenientes de intercambios entre productores, cámaras representativas del sector, legisladores y funcionarios. Estas formas de apoyo estatal al talento de nuestros creadores, permitió que la Argentina sea un faro de producción cultural en nuestro continente y también fuera de él.
Es difícil determinar si este proyecto de ley es consecuencia de una audacia destructiva inédita o de una ignorancia, también inédita. ¿Cómo interpretar que, lisa y llanamente, se intente disolver al Fondo Nacional de las Artes y al Instituto Nacional de Teatro? Dos instituciones que han fomentado el trabajo de nuestros artistas y han democratizado el acceso de la población al disfrute de sus obras. Se intenta llevar a su mínima expresión a otras instituciones de la cultura. No vamos a detallar sus funciones y logros, que ya fueron señalados por sus protagonistas. Pero queremos destacar que:
#En relación con la CONABIP, las bibliotecas populares son la institución más democrática de acceso a la cultura que hay en nuestro país, están en todo el territorio nacional, son dirigidas por sus propios socios, y desarrollan una encomiable tarea de promoción de la lectura junto con una intensa labor cultural.
#En cuanto al INCAA, el Cine Argentino es una marca en el mundo gracias al apoyo que ha brindado durante décadas el Instituto a la creación cinematográfica. Para decirlo claramente, dado el costo de producción de las realizaciones audiovisuales no habría cine nacional sin el INCAA.
#El INAMU, ha permitido, en pocos años, transformarse en la representación de músicas y músicos en la defensa de sus derechos. Rescatando obras retenidas por discográficas, difundiendo la música nacional, apoyando a los creadores y creadoras en sus producciones.
#El mecanismo que intenta este proyecto para “ajustar” a estas tres instituciones son el financiero y el de su autonomía. Tanto el INCAA, INAMU y CONABIP reciben, hasta ahora, Fondos de Asignación Específica. Los dos primeros reciben un porcentaje de lo recaudado por los gravámenes que impone la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Y la CONABIP por los gravámenes a los premios de la Lotería Nacional. Esta ley elimina el aporte de estos fondos a la cultura, pero no elimina los gravámenes.
Llama la atención que este Gobierno proponga eliminar las Asignaciones Específicas, que figuran en la Constitución Nacional y tienen el propósito de que esos fondos, en vez de ir a Rentas Generales, vayan a determinadas áreas como una forma de fomento de modo que el suministro de recursos no dependa de la voluntad del gobierno de turno.
Esta ley prefiere que un funcionario defina dónde van los recursos, en vez de tener, como hasta ahora, un mecanismo autónomo de asignación. Cabe aclarar que en octubre de 2022 se aprobó una ley que extiende hasta el 31 de diciembre de 2072 la vigencia de las asignaciones específicas previstas en los incisos b), e) e i) del artículo 4 de la ley 27432: gravamen de emergencia a los premios de determinados juegos de sorteo y concursos deportivos previsto en la ley 20630; impuesto a las entradas de espectáculos cinematográficos e impuesto sobre los videogramas grabados previstos en la ley 17741; e impuesto a los servicios de comunicación audiovisual previsto en la ley 26522.
#La operación se completa debilitando la institucionalidad de estos organismos. La forma institucional en Argentina combina una Administración Central (Ministerio o Secretaría) con formas descentralizadas. Allí están los Institutos que incluyen en su integración a los actores de cada sector (músicos, teatristas, cineastas) de tal manera que se preserven líneas de acción más allá del circunstancial gobierno y que, además, responda a las necesidades del sector. Si bien están en la órbita de la Administración Central mantienen grados de autonomía.
Lo que se pretende con proyecto de ley omnibus es quitarles a los Institutos esa autonomía y disminuir la representación del sector en la dirección de estos institutos. Otra aparente contradicción de un Gobierno que dice luchar contra la concentración estatal.
Otro artículo que tendría un efecto negativo, es el que propone derogar la ley de precio fijo para el libro. Esa norma tiene por objetivo la defensa de las librerías. Por esa razón el libro tiene un precio único de venta al público, que es fijado por el editor. De esta manera, se evita que grandes cadenas comerciales –como los supermercados o plataformas de venta online-, compitan con las librerías. Esto que, en apariencia, beneficiaría al consumidor, a corto plazo, significaría la quiebra de las librerías que son las que mantienen una oferta diversa de títulos y editoriales, muchos de ellos con escasa venta. En cambio, a los grandes comercios solo les interesa los libros de gran venta (best seller). Así, con las librerías sin poder soportar la competencia por precios, la edición argentina, una de las más potentes internacionalmente, tendería a desmoronarse.
Por último, cabe señalar que nuestro país ha firmado acuerdos internacionales como la Convención de la UNESCO sobre la Protección de la Diversidad Cultural (2005). Uno de sus principios rectores postula que
Nuestro país es firmante de la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad Cultural, por la que los Estados se comprometen a tomar “medidas encaminadas a proporcionar a las industrias culturales independientes nacionales y las actividades del sector no estructurado un acceso efectivo a los medios de producción, difusión y distribución de bienes y servicios culturales”.
Señalamos los tres primeros objetivos de la Convención:
Además de las críticas que tenemos hacia varios artículos generales de esta ley, queremos manifestar que estamos contra la totalidad del articulado referido a los temas culturales. Trataremos de sintetizar las razones que promueven este rechazo en los siguientes puntos.
El proyecto de ley significa un intento de destruir la institucionalidad cultural que fue, durante décadas, organizando la relación entre los y las productores culturales y las instituciones públicas. Este modelo de vinculación fue construido, a partir de experiencias locales e internacionales, del estudio sobre los caminos más convenientes de intercambios entre productores, cámaras representativas del sector, legisladores y funcionarios. Estas formas de apoyo estatal al talento de nuestros creadores, permitió que la Argentina sea un faro de producción cultural en nuestro continente y también fuera de él.
Es difícil determinar si este proyecto de ley es consecuencia de una audacia destructiva inédita o de una ignorancia, también inédita. ¿Cómo interpretar que, lisa y llanamente, se intente disolver al Fondo Nacional de las Artes y al Instituto Nacional de Teatro? Dos instituciones que han fomentado el trabajo de nuestros artistas y han democratizado el acceso de la población al disfrute de sus obras. Se intenta llevar a su mínima expresión a otras instituciones de la cultura. No vamos a detallar sus funciones y logros, que ya fueron señalados por sus protagonistas. Pero queremos destacar que:
#En relación con la CONABIP, las bibliotecas populares son la institución más democrática de acceso a la cultura que hay en nuestro país, están en todo el territorio nacional, son dirigidas por sus propios socios, y desarrollan una encomiable tarea de promoción de la lectura junto con una intensa labor cultural.
#En cuanto al INCAA, el Cine Argentino es una marca en el mundo gracias al apoyo que ha brindado durante décadas el Instituto a la creación cinematográfica. Para decirlo claramente, dado el costo de producción de las realizaciones audiovisuales no habría cine nacional sin el INCAA.
#El INAMU, ha permitido, en pocos años, transformarse en la representación de músicas y músicos en la defensa de sus derechos. Rescatando obras retenidas por discográficas, difundiendo la música nacional, apoyando a los creadores y creadoras en sus producciones.
#El mecanismo que intenta este proyecto para “ajustar” a estas tres instituciones son el financiero y el de su autonomía. Tanto el INCAA, INAMU y CONABIP reciben, hasta ahora, Fondos de Asignación Específica. Los dos primeros reciben un porcentaje de lo recaudado por los gravámenes que impone la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Y la CONABIP por los gravámenes a los premios de la Lotería Nacional. Esta ley elimina el aporte de estos fondos a la cultura, pero no elimina los gravámenes.
Llama la atención que este Gobierno proponga eliminar las Asignaciones Específicas, que figuran en la Constitución Nacional y tienen el propósito de que esos fondos, en vez de ir a Rentas Generales, vayan a determinadas áreas como una forma de fomento de modo que el suministro de recursos no dependa de la voluntad del gobierno de turno.
Esta ley prefiere que un funcionario defina dónde van los recursos, en vez de tener, como hasta ahora, un mecanismo autónomo de asignación. Cabe aclarar que en octubre de 2022 se aprobó una ley que extiende hasta el 31 de diciembre de 2072 la vigencia de las asignaciones específicas previstas en los incisos b), e) e i) del artículo 4 de la ley 27432: gravamen de emergencia a los premios de determinados juegos de sorteo y concursos deportivos previsto en la ley 20630; impuesto a las entradas de espectáculos cinematográficos e impuesto sobre los videogramas grabados previstos en la ley 17741; e impuesto a los servicios de comunicación audiovisual previsto en la ley 26522.
#La operación se completa debilitando la institucionalidad de estos organismos. La forma institucional en Argentina combina una Administración Central (Ministerio o Secretaría) con formas descentralizadas. Allí están los Institutos que incluyen en su integración a los actores de cada sector (músicos, teatristas, cineastas) de tal manera que se preserven líneas de acción más allá del circunstancial gobierno y que, además, responda a las necesidades del sector. Si bien están en la órbita de la Administración Central mantienen grados de autonomía.
Lo que se pretende con proyecto de ley omnibus es quitarles a los Institutos esa autonomía y disminuir la representación del sector en la dirección de estos institutos. Otra aparente contradicción de un Gobierno que dice luchar contra la concentración estatal.
Otro artículo que tendría un efecto negativo, es el que propone derogar la ley de precio fijo para el libro. Esa norma tiene por objetivo la defensa de las librerías. Por esa razón el libro tiene un precio único de venta al público, que es fijado por el editor. De esta manera, se evita que grandes cadenas comerciales –como los supermercados o plataformas de venta online-, compitan con las librerías. Esto que, en apariencia, beneficiaría al consumidor, a corto plazo, significaría la quiebra de las librerías que son las que mantienen una oferta diversa de títulos y editoriales, muchos de ellos con escasa venta. En cambio, a los grandes comercios solo les interesa los libros de gran venta (best seller). Así, con las librerías sin poder soportar la competencia por precios, la edición argentina, una de las más potentes internacionalmente, tendería a desmoronarse.
Por último, cabe señalar que nuestro país ha firmado acuerdos internacionales como la Convención de la UNESCO sobre la Protección de la Diversidad Cultural (2005). Uno de sus principios rectores postula que
Nuestro país es firmante de la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad Cultural, por la que los Estados se comprometen a tomar “medidas encaminadas a proporcionar a las industrias culturales independientes nacionales y las actividades del sector no estructurado un acceso efectivo a los medios de producción, difusión y distribución de bienes y servicios culturales”.
Señalamos los tres primeros objetivos de la Convención:
a) proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales;
b) crear las condiciones para que las culturas puedan prosperar y mantener interacciones libremente de forma mutuamente provechosa;
c) fomentar el diálogo entre culturas a fin de garantizar intercambios culturales más amplios y equilibrados en el mundo en pro del respeto intercultural y una cultura de paz.
El proyecto de ley que propone este gobierno va por el camino contrario a esos principios.
Por lo antes expuesto, desde la Red Argentina de Universidades de Artes, en representación de miles de estudiantes, docentes, egresados y egresadas con quiénes construimos día a día la enorme y diversa plataforma cultural de nuestro país, enseñando, difundiendo, investigando, produciendo, desarrollando artes, conocimientos y vínculos democráticos e identitarios de norte a sur y de este a oeste de nuestro país, solicitamos a los Diputados y Senadores el rechazo de la totalidad del Capítulo 3 Cultura, que va desde el artículo 558 al 598 del Proyecto de “Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos”.
Comité Ejecutivo.
RAUDA.
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