Cuando hablamos de derechos humanos de las mujeres no hablamos de derechos distintos de los que se reconocen a los hombres. Sino de las diferencias históricas que han discriminado, invisibilizado y violentado a las mujeres, porque es necesario nombrarlas.
Hablamos específicamente de los derechos humanos de las mujeres para reconocerlos, ejercerlos y exigir su protección y garantía, tal como establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos:
"Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición"
Sabemos que hay instrumentos internacionales de derechos humanos que aluden al trabajo y al medio ambiente sano como derecho inalienable, indivisible, intransferible y progresivo de todas las personas. También sabemos que así deben ser reconocidos en México pues, como Estado Parte del Sistema de Naciones Unidas, está obligado a generar acceso y permanencia de las personas a un medio ambiente libre de violencias y un trabajo digno, desde la Libre elección del mismo, con:
- Salario igual por trabajo del mismo valor,
- Salario digno,
- Seguridad social,
- Derecho de sindicación, y
- Espacios laborales libres de violencia.
En México hay un proceso de transformación en marcha, la implementación de la Reforma al Artículo 1o Constitucional (2011), que permite materializar el corpus del derecho internacional a nivel nacional. Previo a la Reforma del Artículo 1o, el Estado mexicano asumió compromisos con la ratificación de instrumentos internacionales contra la violencia y discriminación hacia las mujeres, en:
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)
Protocolo Facultativo de la CEDAW
Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (CAT)
Protocolo Facultativo de la CAT
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP)
Pacto Internacional de Derechos, Económicos, Sociales y Culturales, (PIDESC) y su protocolo facultativo
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belém do Pará)
Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (CIPST)
Al firmar los acuerdos, el Estado asume la lucha contra la discriminación, implementando medidas en todos los órdenes de gobierno para eliminarla y garantizar la igualdad. La CEDAW, plantea el compromiso de los firmantes a:
"...adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación contra la mujer”.
El papel activo del Estado en la lucha contra la discriminación y sus efectos se expresa en la Convención de Belém Do Pará, donde se establece que los Estados parte, adoptarán medidas y programas para:
“Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, incluyendo el diseño de programas de educación formales y no formales, apropiados a todo nivel de proceso educativo para contrarrestar prejuicios y costumbres y todo tipo de prácticas que se basen en la premisa de inferioridad o superioridad de cualquiera de los géneros o en los papeles estereotipados para el hombre y la mujer que legitiman o exacerban la violencia contra la mujer”.
El marco internacional de derechos humanos establece el reconocimiento del derecho a la igualdad, la prohibición de la discriminación y la obligación de los Estados firmantes a transformar la realidad social atacando la discriminación tanto pública como privada y sus consecuencias. Hoy, ya se reconoce en el Artículo 1o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), que:
“Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley...
... En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.”
En México, desde la Ley General para el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia (LAMVLV), la violencia se define como:
“...cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público.”
Y define: La violencia feminicida, es la forma extrema de violencia. Es un conjunto de conductas misóginas vinculadas a la impunidad social del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres.
Según el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), hasta 2017:
De los 46.5 millones de mujeres mayores de 15 años que hay en el país, 66.1% (30.7 millones), han enfrentado violencia de cualquier tipo y de cualquier agresor, alguna vez en su vida.
Al fin de 2016, la fuente revela que la violencia contra las mujeres está extendida en todo el país. Son más de 30.7 millones de mujeres quienes han sido sujetas a actos violentos y discriminatorios alguna vez a lo largo de su vida; y no se trata de actos aislados sino de un patrón general, ya que, en todas las entidades federativas más de la mitad de las mujeres han experimentado agresiones de tipo emocional, sexual, físico, o económico
10.8 millones de mujeres fueron sometidas a algún tipo de intimidación, hostigamiento, acoso, o abuso sexual; que van desde señalamientos obscenos a ser perseguidas en la calle para intimidarlas sexualmente y fueron blanco de propuestas de tipo sexual no solicitadas; o bien, fueron manoseadas sin su consentimiento, escalando las agresiones hasta llegar a la violación.
53.1 %, o sea más de 15 millones de mujeres, han sufrido violencia por parte de algún agresor vinculado al trabajo, la escuela, algún lugar público, ya sea por compañeros de la escuela o del trabajo, maestros, autoridades o patrones, familiares, conocidos, o extraños en diferentes espacios.
45 de cada 100 mujeres fue víctima de algún acto violento, principalmente de tipo emocional, sexual y discriminación en sus centros de trabajo.
70 de cada 100 mujeres de entre 20 y 39 años han enfrentado al menos un episodio de violencia o abuso. Es particularmente relevante la violencia sexual que han enfrentado las mujeres jóvenes entre 18 y 29 años en estos grupos, la mitad de ellas han sido agredidas sexualmente. Asimismo, las niñas de 15 a 17 años, a su corta edad, ya han sido víctimas de abusos de diversa índole, presentando niveles altos de violencia sexual, emocional y física.
Del total de defunciones por homicidio de mujeres ocurridas en 2016, el 42.4% de ellas corresponde a mujeres menores de 30 años, Es decir, las mujeres jóvenes son las más expuestas a la violencia extrema, incluso más que los hombres de la misma edad.
La última encuesta ENDIREH que se realizó en el 2016 , mostró que el 26.6% de las mujeres que trabajan o trabajaron alguna vez, han experimentado algún acto violento, principalmente de tipo sexual y de discriminación por razones de género o por embarazo. La discriminación, las agresiones sexuales y las de tipo emocional como las humillaciones, degradación e intimidación son los tipos de violencia más frecuentes en el trabajo.
En el caso específico de las mujeres que trabajamos dentro de la Industria Cinematográfica del país, queremos resaltar:
Tradicionalmente en el mundo del cine, particularmente en el área de dirección donde prevalece la presencia masculina, el ambiente se presta para generar conductas de dominación y abuso de poder por parte de los hombres hacia las mujeres.
La industria del cine en México es desigual. Existen pocas mujeres a la cabeza de la producción y realización cinematográfica. Las mujeres que retrata el cine mexicano no nos representan con dignidad. Históricamente han predominado contenidos machistas, misóginos y denigrantes.
El cine con mayor número de espectadores en nuestro país gira en torno a historias sobre la familia, comedias románticas y terror. Los personajes de las mujeres son personajes planos, sin trasfondo, sin sueños, sin convicción, cuyas acciones están supeditadas a los deseos y las decisiones masculinas, y a los condicionamientos sociales y culturales.
Los casos de denuncia pública por violencia sexual de Karla Souza, Stephanie Sigman y Paola Nuñez, generaron interés sobre la violencia que experimentamos las mujeres en la Industria del Cine, tanto en el ambiente laboral como académico. Sin embargo, no hubo un cambio real para prevenir casos futuros que garanticen nuestra integridad en el trabajo, en las escuelas y todos nuestros derechos.
Recientemente, a manera de resarcir los daños y gracias a las denuncias públicas y penales presentadas en contra de Harvey Weinstein, Bill Cosby y la ya conocida contra Roman Polanski en Estados Unidos de América (EUA), la Academia de Cine de ese país respondió expulsando a los tres imputados. Este hecho sienta un precedente de acciones responsables y congruentes de parte de la Industria para erradicar la violencia contra las mujeres, no es el caso en México, pues:
El Instituto Mexicano de Cinematografía, a través del Fondo de Inversión y Estímulos al Cine (FIDECINE), otorgó recientemente un subsidio al actor y director de cine Gabriel Retes, quien, con dicho apoyo filmará una película que tiene como título tentativo, o definitivo: “Identidad Tomada”. El punto toma relevancia sobre las exigencias, cuando tenemos conocimiento de que hay víctimas de prácticas de acoso, intimidación, condicionamiento y abuso sexual de parte del señor Retes. A la fecha existe una denuncia penal en su contra.
Como mujeres, vemos con preocupación que las denuncias hacia este tipo de prácticas han sido, y siguen siendo silenciadas debido a la falta de mecanismos para el acceso expedito de la justicia , el diagnóstico, identificación de agresores y reparación de los daños a las víctimas. El abuso de poder y la intimidación ejercida en contra de las mujeres hacen referencia directa a la impunidad y normalización de la violencia de género en nuestra industria.
Es momento de que desde los espacios de formación hasta las instituciones públicas y privadas que respaldan el quehacer cinematográfico, cuenten con códigos de ética en donde se estipule una tolerancia cero y sanciones concretas en contra de cualquier tipo de agresión hacia las mujeres, de igual forma con medidas específicas y eficaces de prevención.
Nosotras; actrices, directoras, productoras, cinefotógrafas, editoras, sonidistas, directoras de arte, vestuaristas, maquillistas, maestras, estudiantes y trabajadoras de la industria nacional del cine queremos ejercer nuestra profesión en un ambiente libre de violencia y en donde se respeten nuestros derechos humanos. Exigimos que las instituciones tomen medidas inmediatas en pro de erradicar la violencia contra las mujeres en la industria cinematográfica y audiovisual para garantizar la igualdad de derechos y oportunidades.
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