AL JEFE DEL ESTADO MEXICANO, LIC. ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, PRESIDENTE DE MÉXICO.
A LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO, AL EJECUTIVO, LEGISLATIVO Y JUDICIAL.
A LOS GOBIERNOS ESTATALES.
A LA CIUDADANÍA MEXICANA EN SU CONJUNTO.
A LA OPINIÓN PÚBLICA MUNDIAL.
Hoy rumbo al Día Internacional para la erradicación de la violencia contra las mujeres (25 de noviembre), las integrantes de la Campaña 25N en coalición con Organizaciones de la Sociedad Civil, colectivos e instituciones de educación pública y privada, hacemos una convocatoria nacional a participar en el “#Contingente25N” con el lema: #JuntasHacemosJusticia.
Este es un llamado a la unidad y la participación descentralizada en los estados. Convocamos a todas las organizaciones a salir nuevamente a las calles de todo el país, el próximo 25 de noviembre a las 15 horas en un trayecto que va del Ángel de la Independencia al Zócalo en Ciudad de México y de manera simultánea con actos de movilización y visibilización en los estados y vía internet.
Reconocemos la gravísima situación que tiene al país sumergido en una crisis de violencia que afecta de manera desproporcionada a las mujeres con situaciones que en otras latitudes ameritarían no sólo la alarma, sino la acción inmediata de las autoridades. Tenemos memoria, lucha y resistencia de las mujeres que durante más de treinta años nos hemos cohesionado para exigir la garantía del Derecho a la verdad y a la justicia para las mujeres.
Tenemos memoria y desde ella hacemos el futuro. Decimos a las autoridades en todos los niveles que existe una deuda histórica por agravios instrumentalizados sistémica y sistemáticamente, por lo que denunciamos la obstrucción de la justicia para las mujeres y todas las víctimas de violencia.
Por ello exigimos la aplicación permanente de mecanismos extraordinarios en los tres niveles de gobierno que implementen acciones efectivas para atender la emergencia de violencia nacional con Enfoque Interseccional, que permita erradicar la incapacidad de las instituciones frente a la violencia feminicida que nos confronta día a día como en los casos de desaparición forzada que:
Según la versión pública del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizada (RNDNO) al 16 de octubre de 2023 registra 26659 mujeres desaparecidas. De las cuales 11,294 pertenecen al rango de edad entre los 0 y los 20 años. Siendo el Estado d
e México uno de los territorios con mayor número de mujeres jóvenes desaparecidas (3,963) , seguido de Jalisco y Tamaulipas.
De igual manera, en el periodo 2022-2023 el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México señaló que se detectaron 3 mil 498 reportes de Víctimas de Trata donde el 49.7% de ellas son menores de 18 años, y el 70% son mujeres.
Para enfrentar la Pandemia de violencia y la Epidemia de violencia deben ser reconocidas por el gobierno de México como problema de salud pública pues, igual que la pandemia COVID19, es un hecho que requiere de toda la voluntad política y la operación de las instituciones en su conjunto.
Frente a la multiplicidad de factores de riesgo asociados se entiende que el fenómeno de la violencia contra las mujeres como un problema de salud pública debe abordarse desde la complejidad y por ello todas las acciones derivadas deberán operar desde enfoques integrados en derechos humanos, que en materia de salud no puede omitirse el enfoque biopsicosocial y de prevención, la perspectiva de género y de interseccionalidad, así como los principios de igualdad, no discriminación y de no maleficiencia, como eje de toda política implementada.
Damos cuenta del incremento de la violencia: En 2012 eran asesinadas 6 mujeres cada día, situación que se ha agravado pues actualmente en México son asesinadas 10 mujeres diariamente. De acuerdo con cifras oficiales de 2019 a agosto de 2023 han sido asesinadas 17,369 mujeres, adolescentes y niñas, solo 25.31% de los casos se investigan como feminicidios.
Además, persiste la impunidad ocasionada por las deficiencias en las investigaciones, la poca judicialización o por la reducción de penas para los agresores en los delitos de violencia de género. Asimismo, el derecho a la reparación del daño está lejos de estar disponible y ser accesible para las víctimas, mucho menos en los delitos más graves que, por un lado, en su mayoría quedan en la impunidad o, por otro, cuando éstos son sancionados, las medidas de reparación no son integrales, no serán cumplidas por los sentenciados y el Estado no ha generado programas que incluyan las medidas indispensables a las que deberían tener acceso las víctimas directas e indirectas de la violencia, incluyendo a las niñas y niños en situación de orfandad por feminicidio o desaparición. Así: Reclamamos a la sociedad y al gobierno mexicano la perpetuación de la violencia contra las mujeres en todo nuestro ciclo de vida.
Aunado a lo anterior y por si la violencia ya instaurada no fuera suficiente, vivimos un proceso sistemático de criminalización de las mujeres defensoras de derechos, de las activistas, de las defensoras feministas, donde no está garantizado el derecho a la participación digna y segura de las mujeres, ya que ésta se da en medio del acoso, el hostigamiento, la persecución, la falta de garantía del derecho a la libertad de expresión y al derecho a la protesta.
Hoy, emplazamos a las autoridades a no seguir en la simulación, para ello es fundamental garantizar la debida diligencia y supervisión de las acciones en el proceso de atención de la violencia contra las mujeres.
Hacemos un llamado al Estado mexicano a observar con detenimiento las causas, factores de riesgo y condiciones específicas de vulnerabilización por la violencia contra las mujeres: niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores, poniendo énfasis en el incremento de la violencia feminicida contra niñas y adolescentes.
En este mismo sentido, hacemos un llamado a los medios de comunicación corporativos y sociales, para que cumpliendo con su rol social, apoyen en el seguimiento, den igual tratamiento y peso en difusión, evitando el estigma, la revictimización y el clasismo.
Asimismo, como mujeres sujetas de derechos exigimos a las instituciones que se abstengan de vulnerar o violar nuestro derecho a la participación digna, libre de estigmatización, criminalización y revictimización.
Como sociedad, demandamos que el Estado garantice la transparencia y la rendición de cuentas respecto de toda la política pública implementada para la erradicación de la violencia contra las mujeres, en particular, en los contextos en los que ésta es consecuencia de la violencia instaurada por el crimen organizado.
Es indispensable que las Fiscalías y el Poder Judicial de cada entidad federativa establezcan una comunicación y coordinación efectiva con relación a las denuncias por acoso, violación, violencia familiar, tentativas de feminicido y otros delitos que afecten a mujeres que compartan la custodia de sus hijas e hijos menores de edad. Es de vital importancia que esta comunicación sea especialmente cuidadosa cuando una mujer cuente con medidas de protección, con el fin de que los jueces y juezas de lo familiar tengan plena consciencia y sensibilización ante la posibilidad de que existan investigaciones pendientes por delitos que puedan llevar al feminicidio, a la violencia vicaria, o cualquier otra forma de violencia contra las mujeres y sus hijas e hijos.
Exhortamos a todas las autoridades para que en la medida de sus atribuciones y facultades, se garantice:
El reconocimiento del Estado Mexicano y sus instituciones de la Pandemia de Violencia y la Epidemia de Violencia que vive el país.
El derecho a la Seguridad Humana, la integridad física y mental de las madres, familiares y defensoras que impulsan el derecho a la verdad y la justicia en casos de violencia contra las mujeres que van de la violencia simbólica a la violencia feminicida en todo el territorio nacional.
Nuestro derecho a la participación digna, sin estigmatización, criminalización, revictimización de las mujeres víctimas y de las mujeres que luchan por la justicia en casos de violencia contra otras mujeres y contra la violencia feminicida.
La Participación digna de las mujeres: la garantía de nuestro derecho a hablar, analizar, a dialogar, a generar información y a difundirla posicionándonos pública y políticamente respecto a los temas que afectan específicamente a las mujeres y en ese sentido a participar en la toma de decisiones para que se nos garantice el derecho al acceso a justicia y recursos legales, incluido el ejercicio seguro de estos derechos sin represalias.
Transparencia y rendición de cuentas respecto de las políticas públicas para las mujeres y sus comunidades, específicamente las que tienen qué ver con seguridad y el ejercicio pleno del derecho a vivir libres de violencia.
La evaluación externa e imparcial de la política de prevención, atención y sanción a la violencia contra las mujeres para que se garantice la implementación de Enfoques integrados en derechos humanos, la perspectiva de género interseccional, así como los principios de igualdad y no discriminación con datos desagregados para la igualdad sustantiva.
A las fiscalías en los estados: investigaciones con debida diligencia reforzada y con perspectiva de género interseccional para sancionar los delitos relacionados con la violencia de género, particularmente cuando estos sean cometidos en contextos de violencia cometida por el crimen organizado.
A los poderes judiciales de todas las entidades federativas: impartir justicia con perspectiva de género, la implementación de medidas de prevención, sentencias que sanciones de manera efectiva a los generadores de violencia, con medidas de reparación integral del daño que incluyan garantías de no repetición, de acuerdo con la Ley General de Víctimas y los estándares internacionales.
VIDEO. Conferencia de prensa 31 de octubre 2023. Gracias a CENCOS
FIRMAN:
Aquí Estamos: feminicidio infantil en México.
CDH Fray Francisco de Vitoria OP, A.C.
Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos A.C.
Cineastas Unidas.
Crianza Feminista AC.
DHLabMx. Laboratorio de Derechos Humanos, Comunicación y TIC.
Justicia Pro Persona A.C.
Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio.
Perspectiva Feminista Jurídica.
El Programa de Género e Inclusión, el Programa de Derechos Humanos, la Coordinación de Comunidad y Vida Estudiantil y la Asociación estudiantil UMA de la IBERO.
Red Lucerna. Red por la Igualdad Sustantiva, la Eliminación de la Violencia Docente y en el Trabajo Cinematográfico y audiovisual de América Latina y el Caribe.
SERAPAZ.
Servicios de Inclusión Integral y Derechos Humanos A. C. (SEIINAC).
#Contingente25N
#JuntasHacemosJusticia
@Contingente25N
contingente25n@gmail.com:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: FIN DEL DOCUMENTO :::::::::::::::::::::::::::::::::::::
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